Gestionamos cartera pública y privada del sector salud y empresarial. Atendemos procesos de cobro de facturas, contratos y obligaciones derivadas de la prestación de servicios asistenciales, suministros, contratos civiles y comerciales. Nuestro enfoque abarca desde la gestión prejurídica hasta la ejecución judicial de los créditos.
El cobro prejurídico comprende las gestiones de conciliación, depuración, acuerdos de pago y negociación directa con el deudor, buscando resultados ágiles y evitando litigios.
El cobro jurídico, en cambio, se activa cuando el deudor no cumple voluntariamente, permitiendo acudir ante la jurisdicción ordinaria para obtener el pago mediante procesos ejecutivos y medidas cautelares (embargo, retención, secuestro, etc.).
Los procesos son liderados por Juan Felipe Sons Viana, abogado con énfasis en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, especialista en Derecho Administrativo y en Derecho de los Negocios Internacionales, y magíster en Derecho Privado de la Universidad de los Andes.
Ha dirigido equipos jurídicos en entidades del sector salud y representa a instituciones públicas y privadas en litigios de alto impacto.
En principio, los recursos del SGSSS gozan de inembargabilidad, según el artículo 25 de la Ley Estatutaria 1751 de 2015 y el artículo 594 del Código General del Proceso.
Sin embargo, la jurisprudencia constitucional y precedentes de la Corte Suprema de Justicia ha establecido excepciones a ese principio, aplicables cuando las acreencias ejecutadas provienen de la prestación efectiva de servicios de salud a los afiliados.
En tales casos, el embargo no contraviene la destinación legal de los recursos, pues precisamente busca garantizar que lleguen a los prestadores que financiaron dichos servicios.
Sentencias relevantes: C-354 de 1997, C-566 de 2003, C-1154 de 2008, STC7397-2018, entre otras.
• Recuperación efectiva de recursos sin afectar la operación asistencial.
• Acompañamiento jurídico integral, desde la conciliación hasta la ejecución judicial.
• Estrategias personalizadas según el tipo de cartera y la capacidad de pago del deudor.
• Sustento jurídico sólido, especialmente frente a EPS en intervención, liquidación o reorganización.
Sí. Nuestra experiencia se extiende al derecho privado, comercial y corporativo, acompañando a empresas en la estructuración de contratos, litigios mercantiles, gestión de riesgo jurídico y cumplimiento normativo.
